Por: Oscar Moha

Al menos 40 indígenas tsotsiles procedentes de Chiapas, entre ellos 10 niños, llegaron para instalarse en un plantón indefinido al Zócalo capitalino con el fin de exigir a la Suprema Corte de Justicia y a la Secretaría de Gobernación, liberen a 34 cristianos evangélicos que aún permanecen privados de su libertad de manera ilegal, acusados de asesinar a 45 indígenas en la comunidad de Acteal.

Encabezados por Estela Luna Pérez, los manifestantes arribaron a la Ciudad de México desde temprana hora y se dirigieron a la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal para solicitar permiso para poder instalarse, toda vez que autoridades les impedían colocar un improvisado campamento con lonas, cartones y sillas de plástico.

Fue el 22 de diciembre de 1997, cuando gente armada asesinó a 45 personas, en su mayoría mujeres y niños, en la comunidad de Acteal, municipio de Chenalhó, en el Estado de Chiapas, al sureste del país, por motivos hasta hoy desconocidos.

A los pocos días, la Procuraduría General de la República acusó ilegalmente a más de 100 cristianos evangélicos de la masacre, sin tener las pruebas y sin permitir la defensa legal de los inculpados.

En agosto del 2009 la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoció que el Gobierno Federal había manipulado la información para acusar indebidamente a los cristianos.

Luego de la determinación de la Corte, quedaron en libertad primero a un grupo de

9 indígenas, en agosto del 2009; posteriormente en noviembre del mismo año otros 20 alcanzaron el beneficio; y 15 indígenas más en octubre del año pasado regresaron a Chiapas.

Sin embargo, el Gobierno Local impidió que todos ellos hablaran con los medios informativos y dispuso que no podrían regresar a sus comunidades en Chenalhó, ya que estaban “amenazados de muerte”, por parte de grupos paramilitares que los acusan de ser los “autores materiales” de los hechos.

Los excarcelados viven en pequeñas viviendas que les otorgó el Gobierno de Juan Sabines.

Hasta el momento, ninguna autoridad se ha hecho responsable de restituir los daños que ocasionaron a más de 40 familias, toda vez que sus integrantes fueron encarcelados más de 12 años, de manera anticonstitucional.

Todavía hay 34 personas que están privadas de su libertad en el centro penitenciario El Amate; cuatro de ellos confesaron haber participado en la matanza, el resto han demostrado que nunca participaron en los hechos que les fueron imputados.

Por su parte, Estela Luna Pérez, líder del “Grupo de Familiares y Amigos del Caso Acteal”, mencionó que estará recibiendo en su campamento ubicado a un costado de la Catedral Metropolitana a las iglesias y personas que deseen ayudarles durante su estancia en esta capital.

“Traemos café y algunas artesanías para vender y ayudarnos mientras para darle de comer a los niños…. Nos han apoyado algunos hermanos, porque no contamos con recursos para estar mucho tiempo fuera de nuestras casas, pero vamos a seguir luchando con el favor de Dios