Derechos Humanos, Intolerancia Religiosa, Persecución Religiosa Comments (0)
Kairós y Cronos por Carlos Martínez García
Para Elisabeth F. de Isáis, una vida solidaria con los perseguidos.
22 DE ABRIL DE 2012
Responden de distintas formas a sus agresores. Los indígenas evangélicos históricamente han elaborado un abanico de posibilidades frente a quienes les acosan, discriminan, atacan simbólica y físicamente. La que ha dominada ampliamente es la respuesta pacificadora, la cual, argumentan, es la que corresponde de acuerdo a su lectura del Evangelio.
En los territorios de población mayoritariamente indígena, fue a principios de los años sesentas del siglo XX cuando inició el ciclo de conversiones al cristianismo evangélico. Antes existieron esas conversiones, pero es en el periodo citado cuando éstas comienzan a ser más numerosas.
El número le dio notoriedad a los indios e indias conversos, en sociedades orientadas a la tradición y que veían con escepticismo los cambios en las creencias y conductas de algunos de sus coterráneos. Primero fueron reconvenidos por familiares y amigos que reprobaban su adopción de la nueva fe. Después, al dejar de participar en rituales y festividades ligadas a la religiosidad tradicional, los conversos evangélicos comenzaron a ser sancionados con multas económicas, restricción de servicios, pérdida de derechos comunitarios. Al comprobar que las sanciones no tenían el resultado esperado, el regreso a la fe tradicional, las autoridades del poblado pasaron a ejecutar agresiones físicas: golpizas, ataques sexuales contra las mujeres y, en no pocos casos, asesinatos de líderes del núcleo evangélico.
La resistencia al acoso fue, y es sorprendente, porque fueron, y son, muchos los que en medio de un contexto sumamente hostil perseveraron, y perseveran, en defender su derecho a cambiar de fe. Cuando las condiciones les fueron todavía más adversas, los indígenas protestantes optaron por emprender el éxodo . En el caso de Los Altos de Chiapas, la ciudad para refugiarse fue San Cristóbal de Las Casas. En las décadas de los setentas, ochentas y noventas del siglo pasado, se fueron asentando en San Cristóbal miles de indios e indias protestantes, quienes primero lo hicieron como una medida temporal, pero, después, al comprobar que no podrían regresar a sus poblados originales (debido a la dureza de sus perseguidores y el desamparo de las autoridades gubernamentales), fueron creando asentamientos con nombres bíblicos. Estas colonias han sido el factor principal de la “reindianización” de la antigua capital de Chiapas.
Cabe mencionar que la primera generación de expulsados evangélicos denunció públicamente, y ante las omisas autoridades chiapanecas, la vulneración flagrante de sus derechos humanos y constitucionales . Creyentes protestantes mestizos, junto con misioneros (principalmente norteamericanos), coadyuvaron a organizar tanto las denuncias y protestas como organismos defensores de los derechos humanos y acciones para hacer más llevadera la vida en condiciones de refugio.
Otra forma de enfrentar el rudo hostigamiento ha sido tratar de negociar con sus agresores . Éstos buscan arrinconar lo más que les sea posible a sus vecinos evangélicos. Les imponen multas económicas, cooperaciones en celebraciones que son propias del santoral católico y de la religiosidad tradicional del lugar, dejar de reunirse públicamente y no comunicar sus creencias evangélicas en el poblado. Ante tales exigencias los perseguidos buscan que las autoridades gubernamentales hagan valer el marco jurídico, el cual garantiza la libertad de creencias y culto.
Por la indiferencia de las autoridades, que en la práctica se hace cómplice de los agresores, los indígenas evangélicos aceptan algunas de las sanciones que les impone la mayoría tradicionalista. Con la esperanza de que cesen las acciones agresivas en su contra. Pero los sancionadores muchas veces van más allá , y exigen que la renuncia a sus derechos por parte de los perseguidos quede por escrito, en un convenio signado por las partes. Además tales documentos es común que los firmen personas externas, como representantes del gobierno de la entidad en calidad de testigos de lo acordado. Estos convenios son violatorios de derechos irrenunciables, derechos que se tienen por ser ciudadanos mexicanos y porque la Constitución del país incorpora a la normatividad de la nación documentos internacionales protectores de la dignidad de las personas, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Hay que estar en las condiciones de quienes padecen hostigamientos y restricción abierta a sus derechos para tratar de comprender cómo responden a las acciones de sus atacantes . Tener que salir de su pueblo, alojarse en lugares en los cuales lo único que existe es un terreno sin servicio alguno, emprender el camino con niños, niñas, ancianos enfermos y magros recursos económicos, es una aventura de fe que demanda constancia y disposición a perseverar contra toda esperanza. Es fascinante y conmovedor escuchar las narraciones, como he tenido la oportunidad en incontables ocasiones, de hombres y mujeres que vivieron un éxodo lleno de obstáculos y que, años después, testifican con lágrimas que pese a todo salir fue mejor que permanecer en el lugar que les negaba violentamente vivir su fe.
Quienes deciden quedarse, ver disminuidos sus derechos y estar dispuestos a firmar convenios que son lesivos, injustos e ilegales; también tienen sus razones. Desde afuera es muy difícil entenderlas, y más todavía aceptarlas. Pero ellos y ellas dicen que se quedan porque les resulta extremadamente difícil salir de sus lugares de origen , no quieren irse a refugiar y vivir hacinados en espacios reducidos. Les resulta castigante, a estos hombres y mujeres habituados a trabajar en el campo y así ganarse el alimento diario, tener que mal vivir en San Cristóbal de Las Casas, en Las Margaritas (u otra ciudad de Chiapas), y depender de la caridad de los conmovidos por su situación.
Los que no viven su propio éxodo, los oprimidos por convenios opresivos, toman la dolorosa decisión de permanecer en la comunidad que les ve con animadversión, tienen la ilusión de que un día sus condiciones cambien (aunque como el profeta Habacuc se pregunten. “¿Hasta cuándo, Señor, te llamaré y no me harás caso ¿Hasta cuándo clamaré a ti por causa de la violencia, y no vendrás a salvarnos?” 1:2, Reina-Valera Contemporánea).
Continúan leyendo la Palabra de forma subrepticia, entonan cantos casi en silencio, alaban entre murmullos, su conducta les hace diferentes, sus labios tienen que contener lo que inunda su corazón.
Tienen esperanza, oran fervientemente para que haya un profundo cambio, una metamorfosis, en quienes les agreden y prohíben externar libremente su fe evangélica. ¿Desde afuera podemos decirles que son cobardes, que les falta entereza por haber aceptado los convenios restrictivos? Yo, que les conozco cara a cara, no me atrevo a decirlo. Me niego a juzgarles desde la comodidad en la que escribo este artículo. Desde el fondo de mi corazón ruego que el Señor sea su amparo, su fortaleza, su pronto auxilio en la tribulación (Salmo 46:1).
Autores: Carlos Martínez García
©Protestante Digital 2012
VOM Asesora @ April 23, 2012
Casos Oaxaca, Derechos Humanos, Discriminación, Intolerancia Religiosa, Persecución Religiosa Comments (0)
Intolerancia en Chiapas y Oaxaca
No es nuevo el asunto, pero que resurja sí es preocupante. De nueva cuenta en los estados de mayor porcentaje de población indígena, Chiapas y Oaxaca, tienen lugar casos de intolerancia religiosa contra evangélicos. Sus perseguidores son autoridades políticas y religiosas. Simbiosis peligrosa, porque no reconoce de hecho la libertad de creencia y cultos promulgada por el indígena Benito Juárez el 4 de diciembre de 1860.
De acuerdo con el experimentado reportero Isaín Mandujano, alrededor de un centenar de familias del ejido Matamoros, en el municipio de Venustiano Carranza, fueron despojadas de sus tierras y sus animales, y no se les permite enterrar a sus muertos en el panteón de la comunidad, debido a que profesan una religión diferente a la católica
; son protestantes. Agrega que alrededor de mil familias han sido despojadas de sus tierras y los católicos les destruyeron sus parcelas, además de que dispersaron a su ganado
(www.proceso.com.mx/?p=303135).
Los despojados son indígenas tzotziles. Acusan a Salomón Suárez Balcázar, presidente del comisariado ejidal, y al agente municipal Eduardo Velázquez Balcázar, de ser quines encabezan las hostilidades en su contra. Una delegación de los perseguidos está en la capital chiapaneca, Tuxtla Gutiérrez, para demandar la intervención de la Subsecretaría de Asuntos Religiosos de la entidad, y que cumpla con su obligación de garantizarles el libre ejercicio de sus creencias, así como sanciones contra quienes les coartan esa libertad. ¿Esta vez las autoridades cumplirán con las obligaciones que les marcan las leyes, o como en anteriores casos parecidos le van a dar largas al conflicto?
En lo que toca a Oaxaca, Elías Betanzos Luis, líder de al menos 400 congregaciones aglutinadas en el Consejo Oaxaqueño de Unidad Evangélica, dio a conocer que en 17 comunidades de los 415 municipios que se rigen por el sistema de usos y costumbres el organismo que preside tiene registro de casos graves de intolerancia religiosa
(nota de Sofía Valdivia, Oaxaca a Diario, 2/4). El dirigente protestante detalló que es en la Mixteca, la zona mixe, Sierra Norte y ahora la Costa donde tiene lugar la mayor incidencia de intolerancia en contra de sus correligionarios.
No es generalizada la persecución contra los indígenas protestantes en las comunidades regidas por usos y costumbres. En la mayor parte, como se desprende del testimonio dado por el líder del Consejo Oaxaqueño de Unidad Evangélica, los indígenas de distintos credos religiosos conviven sin agresiones y respetan la creciente pluralización que tiene lugar en sus poblados. Sin embargo, el número de casos existentes en los cuales los evangélicos son hostigados, desde amenazas hasta cortes de servicios, como agua, y expulsiones, es más que suficiente para movilizar a organismos de derechos humanos con el fin de que exijan el respeto a las garantías constitucionales de los agredidos. ¿O acaso los derechos de los indígenas evangélicos valen menos?
Ya es hora de abandonar la costumbre de culpabilizar a los perseguidos como principales causantes de las persecuciones que padecen. La muy conservadora idea que señala cómodamente a los indios e indias protestantes de ser los causantes de su desgracia, por andarse convirtiendo a creencias distintas a la religiosidad tradicional, es profundamente discriminatoria y negadora de derechos humanos hacia una parte importante de la población mexicana.
De la derecha conservadora no esperamos que mueva siquiera un dedo para defender el derecho a la libertad de creencias de los indios protestantes. Su espíritu y actitudes de sumisión absoluta a la pretensión del jefe de la Iglesia católica, Benedicto XVI, de invisibilizar a las minorías religiosas fue manifestado a plenitud y sin rubor alguno en la reciente visita realizada por el personaje a nuestro país. En eso hay congruencia histórica: ayer se opusieron férreamente a que la Iglesia católica dejara de ser la fe oficial del Estado mexicano. Hoy, que ya no pueden revertir conquistas históricas en la descolonización de México, presionan para que el marco legal les devuelva algunos privilegios del pasado.
Por el lado de la izquierda, bien harían en ese sector ideológico, cultural y político si rescataran a los liberales izquierdistas del siglo XIX. Ellos fueron decididos defensores de la libertad de cultos. Nada más como ejemplo cito el caso del indígena (nacido en Tixtla, Guerrero) Ignacio Manuel Altamirano. En muchas ocasiones se manifestó en artículos periodísticos (comenzó a escribir del tema en 1869) contra casos de intolerancia sufridos por indígenas protestantes.
Altamirano estuvo presente la ocasión en que San José de Gracia (Mesones 139) se abrió por primera vez al culto protestante. El 23 de abril de 1871 predicó en ese lugar Manuel Aguas, ex dominico convertido al cristianismo evangélico. En su crónica narra que fueron insuficientes las mil quinientas sillas que se colocaron para dar lugar a la multitud que se congregó para participar del acto.
Sobre la audiencia, dice que estuvo compuesta de todas clases, sexos y edades: señoritas, caballeros, artesanos, numerosos indígenas, todos estaban confundidos en un solo sentimiento de verdadera fraternidad, según el espíritu del Evangelio
(El Federalista, 24 de abril de 1871, p. 3). Los indígenas han tenido históricamente un papel destacado en la endogenización del protestantismo en tierras mexicanas.
¿Por qué desde la izquierda siguen regateando a los indios e indias de México el derecho a ejercer su libertad de conciencia y se les estigmatiza cuando eligen otra opción religiosa distinta a la católica romana?
VOM Asesora @ April 23, 2012
Campañas de Oracion / Activismo, Casos en Otros Estados, Derechos Humanos, Informe Oficial, Intolerancia Religiosa, Video Comments (0)
Chilil: ¿trampa o solución?
Carlos Martínez García
Esto se preguntan defensores de los indígenas evangélicos expulsados de Chilil hace casi tres años: ¿la actual estrategia del gobierno de Chiapas es una trampa, o voluntad de solucionar el conflicto? Cansados de ser objeto del conocido principio burocrático cánsalos y vencerás, quienes del grupo desarraigado de la comunidad Lázaro Cárdenas Chilil, en el municipio de Huixtán, en Chiapas, perseveran en la defensa de sus derechos anunciaron que regresarían a su poblado con o sin la protección de las autoridades gubernamentales de la entidad.
La vocera del grupo, Juana Hernández Cruz, anunció el pasado miércoles 11 que la intención del grupo era retornar a Chilil el lunes 16: explicó el origen del problema y su decisión: Somos originarios de la comunidad de Chilil, en el municipio de Huixtán, pero fuimos expulsados de este lugar hace dos años; somos cuatro familias afectadas y alrededor de 25 personas en total, incluidos varios niños, refirió. En entrevista, explicó que todo este tiempo estuvimos viviendo en San Cristóbal de las Casas en un cuartito que nos rentaron, pero lo que queremos es regresar ya a nuestra comunidad, porque los niños ya están cansados y aburridos, no tienen un espacio donde jugar (El Siete de Chiapas, 12/4).
El asunto ya tiene su historia, incluso ante la flagrante violación de derechos a los indígenas evangélicos la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió un duro documento en que cuestiona el papel de las autoridades chiapanecas. De acuerdo con la recomendación de la CNDH (número 53/2010, del 30 de septiembre de 2010), ante la solicitud de auxilio por parte de los agredidos a la Subsecretaría de Asuntos Religiosos, ésta simple y sencillamente hizo oídos sordos. Sostiene el organismo defensor que no se cuenta con evidencia alguna con que se acredite que esa instancia, con los medios a su alcance, hubiera implementado las acciones pertinentes para evitar que los agraviados fueran expulsados de su comunidad.
La responsabilidad de hacer nada en favor de los expulsados de Chilil va más allá de evadir la protección de los derechos humanos y constitucionales de los disidentes religiosos y civiles del poblado. Éstos y otros indígenas evangélicos con problemáticas similares en otros municipios de Chiapas dan testimonio de que los funcionarios de la oficina de Asuntos Religiosos se empeñan en convencerlos de que deben sujetarse a los acuerdos de las asambleas comunitarias, ya que ellas están protegiendo los valores culturales tradicionales. Sí, eso es lo que hacen, pero el subsecretario olvida que él está para proteger el derecho a la libertad de cultos de forma irrestricta y no para favorecer una visión conservadora de un sector de las poblaciones indias. Porque la diversificación religiosa y cultural es un derecho que están ejerciendo un creciente número de indígenas por decisión propia.
En una sección demoledora para la instancia que dejó crecer la intolerancia religiosa en Lázaro Cárdenas Chilil, leemos que “se contraviene el contenido del artículo 31, fracción 3 del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno del Estado de Chiapas, en que se establece que el titular de la Subsecretaría de Asuntos Religiosos tiene, entre otras facultades, vigilar el cumplimiento de las normas legales de carácter religioso, así como coordinar la ejecución de los programas de distensión elaborados para resolver las problemáticas de carácter religioso que se susciten en el estado, lo que en este caso no se llevó a cabo, a pesar de que con oportunidad se tuvo conocimiento en esa instancia de la intolerancia religiosa en [Chilil]… Al no adecuarse la actuación de la autoridad del gobierno del estado a los ordenamientos legales referidos, se vulneraron en perjuicio de los agraviados los derechos humanos a la igualdad, la legalidad y a la seguridad jurídica, así como a la libertad de creencia”.
Las condiciones en que los expulsados han debido sobrevivir en San Cristóbal de las Casas son precarias, ofensivas a su dignidad, y sus consecuencias tienen repercusiones físicas y anímicas. Cuando anunciaron su decisión de retornar a Chilil, operadores políticos del gobierno de Chiapas fueron adonde están refugiados para convencerlos de que no lo hicieran. Una de las organizaciones que los ha acompañado en su destierro y defensa legal informa que recibieron pagos de reparaciones el viernes 13 por la tarde y aceptaron un pacto con el gobierno de esperar tres meses más para proveer un retorno sin violencia. Representando a los interesados en la nueva negociación estuvo personal del organismo Puertas Abiertas, cuyo objetivo es proteger a perseguidos evangélicos a causa de sus creencias y difundir globalmente los casos.
Integrantes de la ONG evangélica Voz de los Mártires (VOM) fueron a Chilil a la hora designada para el retorno y comprobaron que la oficina ejidal estaba cerrada por decisión de los tradicionalistas, para no permitir el regreso de los evangélicos. Los 32 de Los Llanos que padecen una situación similar a la de Chilil también firmaron un pacto con el gobierno en mayo de 2011. En agosto recibieron reparaciones de los daños sufridos en su patrimonio y, anota la información proporcionada por Voz de los Mártires, aún están esperando que se cumpla la recomendación 71/2010 de la CNDH, de fecha 30 de noviembre de 2010, dirigida al gobernador de Chiapas, Juan Sabines Guerrero.
Por las experiencias pasadas de en los hechos favorecer a los agresores y administrar el conflicto dándole largas en detrimento de los derechos de los agredidos, éstos se preguntan si el nuevo plazo de tres meses será una triquiñuela o la solución que les haga justicia. Eso mismo nos preguntamos nosotros, y agregamos que ya es hora impostergable de hacer valer las leyes. Nada más, pero nada menos.
VOM Asesora @ April 23, 2012
Huixtan, Intolerancia Religiosa Comments (0)
Por no resolver el conflicto en la esfera de su responsabilidad, subsecretarios y secretario de Gobierno de Chiapas hicieron que el gobernador Juan Sabines Guerrero fuera merecedor de una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Los funcionarios minimizaron el asunto de intolerancia religiosa contra los evangélicos y ahora deben responder por su omisión e incompetencia.
Hace un año, en el ejido Lázaro Cárdenas Chilil, municipio de Huixtán, los indígenas protestantes fueron emplazados por sus coterráneos católicos, entre los que debe incluirse a las autoridades civiles del lugar, para que dejaran de negarse a participar en sufragar ceremonias religiosas y culturales vinculadas con festividades católicas. El 7 de octubre de 2009 en las oficinas de la Subsecretaría de Asuntos Religiosos del gobierno chiapaneco, instancia presidida por el profesor Enrique Ramírez Coronado, recibieron copia del documento que los amenazados de expulsión hicieron llegar al presidente municipal de Huixtán. En el escrito los agraviados solicitan la toma de medidas pertinentes para que la problemática de intolerancia religiosa no se agudice [en su contra]
.
De acuerdo con la recomendación de la CNDH (número 53/2010, del 30 de septiembre), ante la solicitud de auxilio, la Subsecretaría de Asuntos Religiosos simple y sencillamente hizo oídos sordos. Sostiene el organismo defensor que no se cuenta con evidencia alguna con que se acredite que esa instancia, con los medios a su alcance, hubiera implementado las acciones pertinentes para evitar que los agraviados fueran expulsados de su comunidad
.
La responsabilidad de hacer nada en favor de los días después desarraigados de Chilil va más allá de evadir proteger los derechos humanos y constitucionales de los disidentes religiosos y civiles del poblado. Éstos y otros indígenas evangélicos con problemáticas similares en otros municipios de Chiapas dan testimonio de que Ramírez Coronado, y los funcionarios a su cargo en la oficina de Asuntos Religiosos, se empeñan en convencerlos de que deben sujetarse a los acuerdos de las asambleas comunitarias, ya que ellas están protegiendo los valores culturales tradicionales. Sí, eso es lo que hacen, pero el subsecretario olvida que él está para proteger el derecho a la libertad de cultos de forma irrestricta y no para favorecer una visión conservadora de un sector de las poblaciones indias. Porque la diversificación religiosa y cultural es un derecho que está ejerciendo un creciente número de indígenas por propia decisión.
Los valores culturales tradicionales y los valores emergentes pueden convivir sin conflictividad violenta, como lo demuestran infinidad de casos en los pueblos predominantemente indios de Chiapas, y hacia allá tienen la obligación de apuntar los funcionarios gubernamentales. Su tarea no es, como en el caso de Chilil y varios más, decir a los indígenas evangélicos que pueden creer lo que se les antoje, siempre y cuando cumplan con las cooperaciones y cargos comunitarios estrechamente vinculados a la identidad religiosa católica tradicional de la mayoría. Poner el peso de los hostigamientos, golpizas y expulsiones en los agraviados es privilegiar a sus victimarios y compartir con ellos la convicción de que eso les pasa a los perseguidos por involucrarse con creencias extrañas y disolventes del status quo.
La recomendación del presidente de la CNDH, Raúl Plascencia Villanueva, dirigida al gobernador de Chiapas, al diputado José Ángel Córdova Toledo (presidente de la mesa directiva del Congreso del estado de Chiapas), y a los miembros del ayuntamiento constitucional de Huixtán, hace un pormenorizado recuento de la justicia denegada a los evangélicos de Chilil, y después señala con precisión a los responsables de perjudicar a las víctimas.
En una sección demoledora para la instancia que dejó crecer la intolerancia religiosa, leemos que “se contraviene el contenido del artículo 31, fracción tercera, del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno del estado de Chiapas, en que se establece que el titular de la Subsecretaría de Asuntos Religiosos tiene, entre otras facultades, vigilar el cumplimiento de las normas legales de carácter religioso, así como coordinar la ejecución de los programas de distensión elaborados para resolver las problemáticas de carácter religioso que se susciten en el estado, lo que en este caso no se llevó a cabo, a pesar de que con oportunidad se tuvo conocimiento en esa instancia de la intolerancia religiosa en [Chilil]… Al no adecuarse la actuación de la autoridad del gobierno del estado a los ordenamientos legales referidos, se vulneraron en perjuicio de los agraviados, los derechos humanos a la igualdad, la legalidad y a la seguridad jurídica, así como a la libertad de creencia”.
Entre las recomendaciones de la CNDH al gobernador Juan Sabines, está la de garantizar el retorno de los evangélicos expulsados a Chilil, girar instrucciones a quien corresponda para que de una vez tenga solución el conflicto religioso, y disponer lo necesario para educar a los funcionarios de su gobierno en la salvaguarda de los derechos a la libertad de creencia.
Me parece que la excelente investigación de la CNDH, y sus considerandos para hacer valer las leyes en el caso Chilil, deben ser correspondidos por el gobernador chiapaneco con el cumplimiento irrestricto de los mismos. Un buen inicio, para desbrozar el camino, sería solicitar su renuncia al subsecretario de Asuntos Religiosos, Enrique Ramírez Coronado.
VOM Asesora @ April 16, 2012
Derechos Humanos, Discriminación, Intolerancia Religiosa, Persecución Religiosa Comments (0)
A veces se siente uno como debe ser que vive en otro mundo que los demas …
IMAGINA que LAS COSAS QUE VE, ESCUCHa, Y ENCUENTRa … NO SON CIERTAS.
COMO ES POSIBLE QUE GENTE SUPUESTAMENTE HERMANOS EN LA MISMA FE, O GENTE APARENTAMENTE DECENTE Y DE BUENDA ONDA VEN AL MUNDO EN MANERA DISTINTA Y EN MANERA QUE PERJUDICA A LOS HERMANOS MAS HUMILDES, Y MARGINADOS, QUE EN POS DE SU SEÑOR HAN PUESTO TODO EN SUS MAÑOS.
COMO ES POSIBLE QUE EL CUERPO DE CRISTO TRAGA LA PROPAGANDA POLITICA DE LOS PARTIDOS VARIADOS, AÑO POR AÑO, O ELECCION POR ELECCION Y SIGUEN SIENDO ENGANADOS.
HOY, COMENTO UN MISIONERO QUE OBRA EN LOS ALTOS DE SAN CRISTOBAL, QUE A MENUDO SE ENCUENTRA CON FAMILIAS O GRUPOS EVANGELICOS QUE SON AMENAZADOS CON INVASIONES, O LES GUSTAN LLAMARLES LA RECUPERACION DE TIERRAS PARA FORMAR COMUNIDADES AUTONOMA,S A LA FUERZA, PERO SON DESPOJOS ILEGALES UTILZANDO LA RAZON DE APARTAR DE LA RELIGION COMUNITARIA POR SU JUSTIFICACION.
DICE EL HERMANO, QUE CUANDO VAN PARA HACER UNA DENUNCIA CON ALGUN OFICIAL DEL GOBIERNO, LE PREGUNTAN… CUANTAS FAMILIAS O PERSONAS ESTAN AFECTADAS POR LA INVASION O POSIBLE EXPULSION… AND CUANTOS SON AQUELLOS EN SU CONTRA, DE LA COMUNIDAD. AL SABER QUE SON ALGUNOS CUANTOS EVANGELICOS CON LA MAYORIA DE LA COMUNIDAD EN SU CONTRA, SE DICE, AMIGO, PREFERIA TENER ALGUNOS POCOS ENEMIGOS COMO USTEDES EN MI CONTRA QUE LA MAYORIA DE LA COMUNIDAD.
SE NOTA QUE LE FALTA ALGO EL FUNCIONARIO EN SU COMPROMISO COMO REPRESENTANTE DE TODA LA CIUDADANIA, Y SU DEBER DE REPRESENTAR LA CONSTITUCION MEXICANA… Y NO A CACIQUES Y AGRESSORES DE GENTE PACIFICA DE OTRA RELIGION. SE DICE QUE EN SAN GREGORIO HAY ALGUNOS FUNCIONARIOS LUCRANDO COBRANDO DINERO PARA GARANTIZAR QUE LOS EVANGELICOS NUNCA JAMAS REGRESEN A SU COMUNIDAD DE ORIGEN.
ES ACTITUD TIPICA Y COMUN EN LOS NIVELES DISTINTOS DE GOBIERNO Y LA SOCIEDAD. HAY QUE ACOMODARSE PARA LOGRAR LA PAZ, CALLARSE PARA EVITAR PROBLEMAS, PAGAR COUTAS PARA FIESTAS RELIGIOSAS NO SUYAS, PARA EL BIEN DE LOS DEMAS… NO IMPORTA QUE HAY LEYES, GARANTIAS DE DERECHOS HUMANOS Y DEBERES COMO REPRESENTANTES DEL LA CIUDADANIA EN GENERAL SIN FAVORES…
IGNORAN, O SE HAN OLVIDADO QUE DIOS ESTA AL LADO DE LOS HERMANITOS PEQUEÑOS QUE SEAN… Y SE LES RESPALDARA COMO LO HIZO POR DAVID ADELANTE DEL GIGANTE GOLIAT. AUNQUE NO SE RESPETAN A LOS DECRETOS DE LA CNDH, O SUS PROPIAS LEYES, HAY UN DIOS QUE SI, ESCUCHA A LOS LLANTOS Y RECLAMOS DE SU PUEBLO.
HERMANOS EN LA FE QUE NO VIVEN LA PERSECUCION EN CARNE PROPIA… NO DEJEN ABANDONADOS A SUS HERMANOS… SERA EL COLMO DESPUES DE TODO SER RECHAZADOS POR SU PROPIA FAMILIA EN CRISTO.
VOM Asesora @ September 7, 2011